Elementos del Derecho Administrativo Ecuatoriano

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Escrito por terceroa 01-06-2007 en General. Comentarios (6)

 

PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIONES CONTECIOSAS ADMINISTRATIVAS

 

GOBIERNO ELECTRÓNICO

 

DERECHO PRESUPUESTARIO

 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL

 

DESCENTRALIZACIÓN DE MANABÍ

 

LOS BIENES PÚBLICOS

 

LEY ESPECIAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

 

TERCERO “A”

http://terceroa.blogspot.es/img/terceroa1.jpg  

Elementos del Derecho Administrativo Ecuatoriano

 

Facultad de Jurisprudencia

.

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

.

http://terceroa.blogspot.es/img/ULEAM.JPG . .

Profesor:

Alfonso Sánchez Ramos

Abogado y Magíster en Educación Superior.

Coordinadora: Belén Mantuano Martínez

Junio 2007.

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL  ESTADO

 

El presupuesto del Estado se rige por la Constitución Política, la ley de Administración Financiera y Control y otras disposiciones conexa.

 

De la planificación económica y social

 

Art. 254.- El sistema nacional de planificación establecerá los objetivos nacionales permanentes en materia económica y social, fijará metas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que deberán alcanzarse en forma descentralizada, y orientará la inversión con carácter obligatorio para el sector público y referencial para el sector privado.

Se tendrán en cuenta las diversidades de edad, étnico-culturales, locales y regionales y se incorporará el enfoque de género.

Art. 255.- El sistema nacional de planificación estará a cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República, con la participación de los gobiernos seccionales autónomos y de las organizaciones sociales que determine la ley.

En los organismos del régimen seccional autónomo podrán establecerse departamentos de planificación responsables de los planes de desarrollo provincial o cantonal, en coordinación con el sistema nacional.

 

Del Presupuesto.

 

Art. 258.- La formulación de la proforma del Presupuesto General del Estado corresponderá a la Función Ejecutiva, que la elaborará de acuerdo con su plan de desarrollo y presentará al Congreso Nacional hasta el 1 de septiembre de cada año. El Banco Central presentará un informe al Congreso Nacional sobre dicha proforma.

El Congreso en pleno conocerá la proforma y la aprobará o reformará hasta el 30 de noviembre, en un solo debate, por sectores de ingresos y gastos. Si hasta esa fecha no se aprobare, entrará en vigencia la proforma elaborada por el Ejecutivo.

En el año en que se posesione el Presidente de la República, la proforma deberá ser presentada hasta el 31 de enero y aprobada hasta el 28 de febrero. Entre tanto, regirá el presupuesto del año anterior.

   El Congreso no podrá incrementar el monto estimado de ingresos y egresos previstos en la proforma. Durante la ejecución presupuestaria, el Ejecutivo deberá contar con la aprobación previa del Congreso para incrementar gastos más allá del porcentaje determinado por la ley.

Art. 259.- El presupuesto general del Estado contendrá todos los ingresos y egresos del sector público no financiero, excepto los de los organismos del régimen seccional autónomo y de las empresas públicas.

El Congreso Nacional conocerá también los presupuestos de las empresas públicas estatales.

No se podrá financiar gastos corrientes mediante endeudamiento público.

Ningún organismo público será privado del presupuesto necesario para cumplir con los fines y objetivos para los que fue creado.

El ejecutivo informará semestralmente al Congreso Nacional sobre la ejecución del presupuesto y su liquidación anual.

Sólo para fines de la defensa nacional se destinarán fondos de uso reservado.

Art. 260.- La formulación y ejecución de la política fiscal será de responsabilidad de la Función Ejecutiva. El Presidente de la República determinará los mecanismos y procedimientos para la administración de las finanzas públicas, sin perjuicio del control de los organismos pertinentes.

 

Finalidad

 

“La finalidad primordial del sistema establecer en cada entidad y organismo del sector público, métodos y procedimientos de administración presupuestaria aptos para alcanzar los objetivos y metas de los planes de desarrollo, con la integración y mejor utilización de los recursos humanos, materiales y financieros”. Art. 36 LOAFYC.

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL

Escrito por terceroa 01-06-2007 en General. Comentarios (5)

 

PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIONES CONTECIOSAS ADMINISTRATIVAS

 

GOBIERNO ELECTRÓNICO

 

DERECHO PRESUPUESTARIO

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

 

DESCENTRALIZACIÓN DE MANABÍ

 

LOS BIENES PÚBLICOS

 

LEY ESPECIAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

 

TERCERO “A”

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Facultad de Jurisprudencia

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Alfonso Sánchez Ramos

Abogado y Magíster en Educación Superior.

Coordinadora: Belén Mantuano Martínez

Junio 2007.

 

 

EL MUNICIPIO

 

Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y, con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determina la Constitución y la Ley.(Art. 2 LORM).

 

Cada Cantón constituirá un Municipio. Su gobierno estará a cargo del Concejo Municipal, cuyos miembros serán elegidos por votación popular. Los deberes y atribuciones del Concejo Municipal y el número de sus integrantes estarán determinados en la ley. El Alcalde será el máximo personero del Concejo Municipal, que lo presidirá con voto dirimente; será elegido por votación popular y desempeñará sus funciones durante cuatro años.(Art. 234 C.Pol)

 

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

 

A la Administración Municipal le corresponde ejecutar las funciones por ramos de actividad, además realizará todas y cada una de las actividades administrativas necesarias para su buen funcionamiento.

 

-         PLANEAMIENTO Y URBANISMO

 

    a) Preparar un Plan de desarrollo Municipal

    b) Elaborar Programas y Proyectos

    c) Formular los Planes Reguladores

    d) Proceder a la zonificación

    e)Velar porque las disposiciones tengan cumplida y oportuna      ejecución

    f) Velar que en las carreteras, en zonas urbanas y rurales se proteja el paisaje.

    g) Tramitar permisos (Ref. Art. 615 del Código Civil)

    h) Reglamentar, previo aprobación del Concejo.

     i) Aprobar los Planos de toda clase de construcciones-

    j) Vigilar la estabilidad de los edificios.

 

-         OBRAS PUBLICAS

 

    a) Planear, programar y proyectar las obras públicas locales.

    b) Llevar a cabo la construcción de las obras.

    c) Dirigir, coordinar y controlar la realización de las obras

    d) Cuidar el cumplimiento de las ordenanzas y reglamentos

    e) Limpiar, mejorar y conservar las vías.

    f)  Velar porque las disposiciones del Concejo y las normas administrativas sobre obras públicas y construcciones, tengan cumplida y oportuna ejecución.

 

-    SERVICIOS PUBLICOS:

 

    a) Elaborar el programa de servicios públicos locales.

    b) Prestar directamente o por contrato o, concesión.

    c) Proveer de Agua Potable y Alcantarillado a la población.

    d) Obtener la concesión para el Derecho de uso de las aguas.

    e) Establecer los demás servicios públicos locales a cargo de la Municipalidad y, en especial los de aseo público.

    f) Reglamentar con aprobación del Concejo, todo lo concerniente a la conducción y distribución de agua, servicio telefónico.

    g) Realizar los estudios necesarios para que el Concejo cuente con elementos de juicio suficientes para fijar o aprobar las tarifas de los servicios públicos.

    h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales sobre servicios públicos.

 

 

 

DEBERES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CONCEJALES

 

Los Concejales no tienen mas deberes y atribuciones que los señalados expresamente en la Constitución Política y en la LORM, gozan de Fuero de Corte y tienen derecho a que se les guarde dentro y fuera de la Corporación, los honores y consideraciones correspondientes a su investidura.

Entre sus principales deberes, atribuciones y responsabilidades tenemos:

         Dirigir o integrar las comisiones de trabajo para las que hubiere sido nombrado por la Corporación.

         Contribuir a la defensa de los bienes y recursos municipales y, al incremento de los mismos.

         Participar en el estudio y resoluciones de todas las cuestiones de carácter municipal, político o gubernamental que correspondan al Concejo.

         Ser escuchado en el seno del Concejo y de las comisiones.

         Los Concejales no son responsables por las opiniones vertidas en las sesiones, pero sí lo son cuando contribuyan con sus votos a sancionar actos contrarios a la Constitución o a las leyes.

 

 

DESCENTRALIZACIÓN DE MANABÍ

Escrito por terceroa 01-06-2007 en General. Comentarios (0)

 

PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIONES CONTECIOSAS ADMINISTRATIVAS

 

GOBIERNO ELECTRÓNICO

 

DERECHO PRESUPUESTARIO 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL

 

LOS BIENES PÚBLICOS

 

LEY ESPECIAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

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DESCENTRALIZACIÓN

 

La descentralización del Estado consiste en la transferencia definitiva de funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, de que son titulares las entidades de la Función Ejecutiva hacia los Gobiernos Seccionales Autónomos a efectos de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales. La desconcentración del Estado es el mecanismo mediante el cual los niveles superiores de un ente u organismo público delegan en forma permanente el ejercicio de una o más de sus atribuciones así como los recursos necesarios para su cumplimiento, a otros órganos dependientes, provinciales o no, que forman parte del mismo ente u organismo. La participación social es el sistema por el cual se involucra activamente a todos los sectores sociales en la vida jurídica, política, cultural y económico social del país, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del habitante ecuatoriano, con miras a una más justa distribución de los servicios y recursos públicos.

 

PROYECTO DE MANABÍ

DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA

 

Es un proyecto que nace con la reivindicación. Para el efecto las instituciones públicas, organizaciones sociales y entidades privadas de carácter provincial han mantenido una serie de reuniones y conformando el Comité Cívico interinstitucional “PRO AUTONOMÍA DE MANABÍ”. A través de dicha organización Manabí está planteando al país la necesidad de impulsar un proceso de autonomías provinciales y debe reconocer el legítimo derecho de las 22 provincias que actualmente integran el territorio ecuatoriano de planificar, administrar su propio desarrollo y procurar el bienestar de sus habitantes. Para el efecto se requiere avanzar en un proceso de concertación nacional.

 

AUTONOMÍA PARA MANABÍ

 

En el último evento internacional sobre autonomías y descentralización, que se llevó a efecto en la ciudad de Guayaquil, uno de los expertos en estos temas, el uruguayo Gerardo Caetano, quien es director del Instituto de Ciencia Política de la universidad de la República de Uruguay, indica que “la clave de un sistema autonómico no es la independencia, sino la solidaridad”.

 

Hay que dejar en claro una vez más que las autonomías no dividen a un país “al contrario, Ecuador tiene una regionalización interna que habilita un régimen de autonomías, tiene un territorio y una sociedad que no es homogénea, ni étnica, ni culturalmente. En este sentido no es saludable que sea gobernado desde un poder central”. Ante estos argumentos sólidos y contundentes, la provincia de Manabí, desde hace varias décadas planteó la posibilidad de constituir para esta región un nuevo modelo de administración política del Estado: las autonomías. Que no es otra cosa que potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante una legislación propia que le permita autogobernarse, desde la junta parroquial, hasta el Gobierno Provincial.

LOS BIENES PÚBLICOS

Escrito por terceroa 24-05-2007 en General. Comentarios (20)

 

PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIONES CONTECIOSAS ADMINISTRATIVAS

 

GOBIERNO ELECTRÓNICO

 

DERECHO PRESUPUESTARIO 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL

 

DESCENTRALIZACIÓN DE MANABÍ

 

LEY ESPECIAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO

 

TERCERO “A”

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Elementos del Derecho Administrativo Ecuatoriano

 

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Alfonso Sánchez Ramos

Abogado y Magíster en Educación Superior.

Coordinadora: Belén Mantuano Martínez

Mayo 2007.

 

LOS BIENES PÚBLICOS

 

1.   EL PATRIMONIO DEL ESTADO

 

El Estado para atender las necesidades de carácter general, necesita contar con bienes y recursos financieros. Todos los bienes del Estado integran el patrimonio. El patrimonio, como un conjunto de bienes, representa un valor económico, apreciable en dinero.

 

La tenencia y conservación de los bienes patrimoniales del Estado, les corresponde a los servidores caucionados, legalmente designados, o a los servidores que de parte de la administración les hayan entregado bienes inventariados. "Es obligación de la máxima autoridad, velar por la conservación de los bienes de dominio público o privado, que han sido adquiridos o asignados para el uso, cuidado o administración del respectivo organismo o entidad... La máxima autoridad velará por el uso de tos bienes para los fines a que estén destinados.

 

2.   EL REGISTRO CONTABLE

 

Los organismos del Estado están en la obligación de llevar un registro contable de bienes que les pertenecen, para conocer con precisión con qué patrimonio cuentan, y detectar oportunamente la pérdida, el hurto, el robo o la destrucción de alguno de ellos.

 

Cuando alguno de los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, hubiere desaparecido por hurto, robo o abigeato, o por cualquier hecho análogo, el servidor encargado de la custodia de ellos comunicará por escrito a la máxima autoridad, con todos los pormenores. La máxima autoridad formulará ante el juez competente, una denuncia penal, dirigida a comprobar la infracción para establecer responsabilidades.

 

Cuando no se comprobare infracción alguna, tos bienes desaparecidos se darán de baja. Al efecto, el Art. 77 del Reglamento de Bienes, dice: "El auditor interno estudiará, a través de la auditoria respectiva o examen especial los documentos para el establecimiento de responsabilidades que correspondan y presentará un informe a la máxima autoridad, recomendando que ordene eliminar de los registros contables los bienes desaparecidos, debiendo en este caso, cargar su valor, a una cuenta de valores por cobrar a cargo del servidor inmediatamente encargado de la custodia de los bienes desaparecidos, hasta que la Contraloría General resuelva definitivamente sobre el caso a través de la correspondiente auditoría o examen especial, o a base de la solicitud que documentadamente podrá presentar dicho servidor".

 

3.   EMPLEO DE LOS BIENES

 

Los bienes del Estado debe usárselos sólo para la finalidad para la que han sido designados. Está prohibido el uso de los bienes públicos, en los siguientes casos:

 

    Para fines políticos;

    Para fines electorales;

    Para fines doctrinarios;

    Para fines religiosos; y,

    Para otras actividades extrañas al servicio público.

 

4.   CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES

 

De acuerdo con el Art. 602 del Código Civil, los bienes se clasifican en cosas corporales e incorporales.

 

a) Bienes Corporales.- "Son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, como una casa, un libro." Los bienes corporales se dividen en:

    Muebles; e,

    Inmuebles.

 

Bienes Muebles.- "Son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismos, como los animales (que por eso se llaman animales), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas."

 

"Exceptúanse los que, siendo muebles por su naturaleza, se reputan inmuebles por su destino."

 

Los bienes por su naturaleza son tos que pueden transportarse, desplazándose de un lugar a otro. Estos bienes se clasifican en animados e inanimados.

 

Animados: "Son los que pueden moverse por sí mismos, como los animales que por eso se llaman semovientes."

 

Inanimados: "Son aquellos que para desplazarse necesitan de una fuerza externa. Así, las máquinas, tos vehículos necesitan de la actividad del hombre."

 

Bienes Inmuebles.- "Son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles."

 

"Las casa o herederas se llaman predios o fundos."

 

"Las plantas son inmuebles, mientras se adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones, que pueden transportarse de un lugar a otro."

 

Los inmuebles se clasifican por su naturaleza, adherencia o destinación.

 

Por su naturaleza.- Los inmuebles por su naturaleza son los bienes que no pueden transportarse de un lugar a otro. No son susceptibles de desplazamiento por medios normales. Estos bienes tienen una ubicación fija en el territorio.

 

Por adherencia.- Los inmuebles por adherencia o incorporación, son los que permanecen unidos al suelo, ya sea por la mano del hombre o por hechos de la naturaleza. Entre éstos tenemos los edificios o las plantas.

 

Por destinación.- "Se reputan inmuebles, aunque por naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo o beneficio del inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento. Tales son por ejemplo:

 

• "Las losas de un pavimento;

• Los tubos de las cañerías;

• Los  utensilios  de labranza  o  minería,  y  tos  animales  actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca;

• Los abonos existentes en ella, y destinados por el dueño de la finca a mejorarla;

• Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte  de  un   establecimiento  industrial  adherente  al   suelo,   y  que pertenecen al dueño de éste;

• Los animales que se guardan en las conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros vivares, con tal que éstos adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo, o de un edificio."

 

Valencia Zea, considera que es mejor hablar sobre estos inmuebles o cosas accesorias o pertenencias.

 

b) Bienes Incorporales.- Son "los que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas". Se dividen en derechos reales y personales.

 

Derechos reales.- Son "los que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona". "Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales."

 

Derechos personales.- "Son los que pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor, por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales."

 

CONCLUSIÓN

 

Finalmente hemos llagado a entendimiento del significado sobre bienes públicos de tal modo que podemos poner en práctica conocimientos diariamente al darles uso a cada uno de estos bienes de carácter nacional y llegar a la conclusión de que dichos bienes son de la colectivilidad a beneficio de los mismos.

 

Por otro lado que en caso de bienes públicos en otras palabras para su entendimiento, podemos decir que la gente puede consumirlos sin necesidad de pagar por ellos.

LEY ESPECIAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Escrito por terceroa 21-05-2007 en General. Comentarios (2)

 

PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIONES CONTECIOSAS ADMINISTRATIVAS

 

GOBIERNO ELECTRÓNICO

 

DERECHO PRESUPUESTARIO 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL

 

DESCENTRALIZACIÓN DE MANABÍ

 

LOS BIENES PÚBLICOS

INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO

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Coordinadora: Belén Mantuano Martínez

Mayo 2007.

 

 

 

LEY ESPECIAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

(Ley No. 27)

 

EL CONGRESO NACIONAL

 

Considerando:

 

Que el artículo 1 de la Constitución Política de la República establece que "El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático, unitario, descentralizado, pluricultural y multiétnico";

 

Que el artículo 149 de la Constitución señala que "Mediante la descentralización administrativa del Estado se propende al desarrollo armónico de todo su territorio, al estímulo de las áreas deprimidas, la distribución de los recursos y servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales";

 

Que el inciso segundo del artículo 153 de la Constitución señala que "Solo en virtud de la Ley podrá imponerse deberes y regulaciones a los consejos provinciales o a los concejos municipales";

 

Que el literal e) del artículo 159 de la Constitución señala como deber del concejo municipal "Incentivar el desarrollo comunitario a través de las organizaciones barriales";

 

Que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales establece que "La descentralización de las funciones de los recursos humanos, materiales y financieros, se realizará a partir de enero de 1998, de acuerdo a la Ley de Descentralización que en el plazo máximo de 180 días será expedida por las funciones Legislativa y Ejecutiva"; y,

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente,

 

LEY ESPECIAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

 

Capítulo I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, FINALIDADES PRINCIPALES

Art.  1.-  Objeto.- La presente Ley tiene por objeto impulsar la ejecución de la descentralización y desconcentración administrativa y financiera del Estado, la participación social en la gestión pública, así como poner en práctica la categoría de Estado descentralizado.

Art.  2.-  Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en esta Ley se aplicarán a las entidades, organismos, dependencias del Estado y otras del Sector Público; las que integran el Régimen Seccional Autónomo; y, las personas jurídicas creadas por Ley para el ejercicio de la potestad estatal o para la prestación de servicios públicos descentralizados o para desarrollar actividades económicas de responsabilidad del Estado.

Art.  3.-  Definiciones.- La descentralización del Estado consiste en la transferencia definitiva de funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, de que son titulares las entidades de la Función Ejecutiva hacia los Gobiernos Seccionales Autónomos a efectos de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales.

 

La desconcentración del Estado es el mecanismo mediante el cual los niveles superiores de un ente u organismo público delegan en forma permanente el ejercicio de una o más de sus atribuciones así como los recursos necesarios para su cumplimiento, a otros órganos dependientes, provinciales o no, que forman parte del mismo ente u organismo.

 

La participación social es el sistema por el cual se involucra activamente a todos los sectores sociales en la vida jurídica, política, cultural y económico social del país, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del habitante ecuatoriano, con miras a una más justa distribución de los servicios y recursos públicos.

Art.  4.-  Finalidades principales.- La descentralización del Estado y la participación social tienen como finalidades principales:

 

a) Lograr equidad en la participación y distribución de los recursos financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero del Estado y especialmente de la Función Ejecutiva hacia los gobiernos seccionales autónomos, organismos de desarrollo regional y organismos seccionales dependientes, contribuyendo así a la eficiencia en la prestación de servicios públicos en favor de la comunidad;

 

b) Incentivar las iniciativas y fortalecer las capacidades locales para consolidar una gestión autónoma eficiente, entre otros medios, a través de la planificación y prestación adecuada de servicios públicos a la comunidad respectiva;

 

c) Definir las relaciones y responsabilidades entre la Función Ejecutiva y los Gobiernos Seccionales Autónomos, en cuanto a las áreas de servicio a la comunidad, a fin de optimizar la utilización de los recursos y servicios, y evitar la superposición de funciones;

 

d) Fomentar y ampliar la participación social en la gestión pública así como promover la autogestión de las fuerzas sociales comunitarias;

 

e) Transformar integralmente la organización administrativa y financiera del Estado y de las instituciones del sector público; así como redistribuir con justicia sus servicios y recursos financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, a efectos de incrementar los niveles de eficacia, agilidad y productividad en la administración de las funciones a su cargo; y

 

f) Fortalecer prioritariamente a las instituciones del régimen seccional autónomo, a través de la transferencia definitiva de funciones, facultades, atribuciones, responsabilidades y recursos que les permitan satisfacer de manera próxima y eficiente las demandas de la comunidad, sobre todo en la prestación de servicios públicos.

Art.  5.-  Principios de la descentralización.- La Descentralización del Estado se sustentará en los principios de autonomía, progresividad, eficiencia, agilidad, coparticipación en la gestión pública y solidaridad social.

Art.  6.-  Principios de la participación social.- La participación social se sustentará en los principios de democracia, equidad social y de género, pluralismo, respeto y reconocimiento a los valores de los pueblos indígenas, negros y más grupos étnicos.

Art.  7.-  Responsabilidad.- Será de responsabilidad del Presidente de la República y de los ministros de Estado el cumplimiento de las transferencias establecidas en la presente Ley, así como las previstas en la Constitución Política, la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales y demás normas legales y reglamentarias pertinentes.

 

La responsabilidad del Ministro de Finanzas se referirá especialmente a las transferencias efectivas de recursos previstos en la Constitución Política y más normativas antes señaladas.

 

Los ministros de Estado actuarán con toda la diligencia y cuidado necesarios para dar cumplimiento a las transferencias antes indicadas, en favor de las entidades del régimen seccional autónomo y de las personas jurídicas creadas por Ley para la prestación de servicios públicos descentralizados.

 

Nota:

El Ministro de Finanzas y Crédito Público es actualmente el Ministro de Economía y Finanzas.

Art.  8.-  Sanciones.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley dará lugar a las sanciones previstas en el literal g) del artículo 82 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de las demás a que haya lugar según corresponda, trátese o no de ministros de Estado.

 

Capítulo II

DE LAS TRANSFERENCIAS Y DEL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO

Art.  9.-  Municipios.- La Función Ejecutiva transferirá definitivamente a los municipios las funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, para el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que se detallan a continuación:

 

a) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar programas integrales de salud, nutrición y seguridad alimentaria para su población, con énfasis en los grupos de mayor riesgo social, garantizando la participación activa de la comunidad, de las organizaciones de salud formales y tradicionales, y de otros sectores relacionados;

 

b) Construir, dotar, equipar y mantener la infraestructura física de los servicios de atención primaria de salud garantizando la aplicación de las normas de bioseguridad,

 

c) Construir, dotar, equipar y mantener la infraestructura física en los establecimientos educativos en los niveles preescolar, primario y medio;

 

d) Coadyuvar a la preservación y conservación de los bienes patrimoniales culturales y naturales en coordinación con los organismos competentes y en función de las políticas correspondientes y de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural;

 

e) Construir, dotar, mantener y equipar instalaciones deportivas, de educación física y de recreación;

 

f) Controlar, conservar y administrar puertos y muelles fluviales no fronterizos;

 

g) En coordinación con el respectivo Consejo Provincial de Tránsito, los municipios podrán planificar, regular, supervisar y tomar acciones correctivas, respecto de la calidad de servicio que prestan los medios de transporte público de carácter cantonal e intercantonal, con excepción de las competencias previstas en leyes especiales que se refieren a esta materia.

 

La Policía Nacional ejercerá el control del tránsito vehicular y el transporte terrestre de conformidad con la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y su Reglamento, con la misma excepción antes señalada;

 

h) Planificar, ejecutar y administrar programas de vivienda de interés social urbano marginal y rural, de acuerdo con las políticas nacionales que se dicten al respecto;

 

i) Controlar, preservar y defender el medio ambiente.

 

Los municipios exigirán los estudios de impacto ambiental necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura que se realicen en su circunscripción territorial;

 

j) Velar y tomar acción para proteger la inviolabilidad de las áreas naturales delimitadas como de conservación y reserva ecológica;

 

k) Administrar el catastro rural cantonal con sujeción a las disposiciones legales vigentes;

 

l) Fortalecer la planificación, ejecución, control y evaluación de proyectos y obras de saneamiento básico;

 

m) Construir, mantener y administrar caminos vecinales al interior de los respectivos cantones;

 

n) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar en el respectivo cantón las actividades relacionadas con el turismo; y,

 

o) Las demás que le correspondan conforme a la Ley.

Art. 10.- Consejos provinciales.- La Función Ejecutiva transferirá definitivamente a los consejos provinciales funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, para el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que se detallan a continuación:

 

a) Construir, mantener y administrar caminos vecinales y carreteras en el ámbito provincial;

 

b) Coordinar las gestiones de los diferentes municipios y mancomunidades en cada provincia y dirimir las controversias entre éstos en los casos que señale la Ley;

 

c) Los consejos provinciales conjuntamente con las empresas eléctricas promoverán el desarrollo de proyectos hidroeléctricos;

 

d) Planificar, ejecutar y coordinar con la comunidad programas de desarrollo rural integral en el ámbito de su competencia;

 

e) Prevenir, evitar y solucionar los impactos ambientales negativos que se puedan producir o se produzcan por la ejecución de proyectos de vialidad llevados a cabo en el ámbito provincial respectivo;

 

f) Construir, mantener y operar canales de riego en coordinación con las entidades competentes en función de la materia así como desarrollar proyectos productivos en aquellas provincias en que no cumplan estas actividades los organismos de desarrollo regional;

 

g) Construir locales escolares, excepto en la zona urbana de la capital de la provincia; y,

 

h) Las demás que le correspondan conforme a la Ley.

Art. 11.- Los recursos asignados a los consejos provinciales y municipales establecidos en la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales se invertirán en base a la siguiente fórmula:

 

a) 50% del monto proporcional a la población con necesidades básicas insatisfechas; y,

 

b) 50% en relación a la población.

 

El monto a distribuirse por parte de los consejos provinciales serán en relación a las necesidades básicas insatisfechas y población en referencia al cantón con la provincia y los municipios de las parroquias con el cantón.

Art. 12.- Suscripción de convenios para la transferencia de funciones.- Para la transferencia de las atribuciones, funciones y responsabilidades señaladas en esta Ley, el Presidente de la República conjuntamente con el Ministro de Finanzas y Crédito Público y con los demás ministros que correspondan según la materia suscribirán con los representantes legales de los municipios y consejos provinciales, según el caso, los convenios respectivos en los que deberán señalarse con precisión absoluta los recursos financieros, materiales y tecnológicos necesarios que serán obligatoriamente transferidos para atender las nuevas atribuciones, funciones y responsabilidades. Los recursos a los que se refiere este artículo no podrán ser inferiores a los que las entidades de la Función Ejecutiva dedican para el financiamiento de la prestación de los servicios públicos a transferirse.

 

Será obligatorio para la Función Ejecutiva las transferencias definitivas a las que se refieren los artículos 9 y 10 de esta Ley que le sean solicitadas por el respectivo municipio y consejo provincial que cuenten con las condiciones para ello.

 

Nota:

Por la  estructura ministerial establecida en el Art. 16 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público es actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas.

Art. 13.- Suscripción de convenios para la delegación de funciones.- Sin perjuicio de las transferencias dispuestas en esta Ley, la Función Ejecutiva podrá, mediante convenio con la respectiva institución del Régimen Seccional Autónomo o persona jurídica creada por Ley para la prestación de servicios públicos descentralizados, delegar por el tiempo que fije el convenio y en las condiciones que éste determine, la responsabilidad y las atribuciones inherentes al cumplimiento de determinadas actividades y funciones, así como la prestación de servicios públicos específicos.

 

En el convenio en cuya virtud se concrete la delegación, se determinarán los recursos financieros, materiales y tecnológicos que se asignen para la ejecución de las actividades, funciones y servicios delegados.

 

Las municipalidades, consejos provinciales y personas jurídicas creadas por Ley para la prestación de servicios públicos descentralizados, podrán dar por terminado el convenio por resolución unilateral, en el caso de que no se haga efectiva la entrega de los recursos determinados para la delegación respectiva.

Art. 14.- Convenios de mancomunidad.- El Presidente de la República y los ministros de Estado competentes en función de la materia, procurarán firmar convenios con dos o más entidades del régimen seccional autónomo con el objeto de establecer la gestión común de programas, proyectos y servicios a ejecutarse en forma conjunta.

 

En todos los casos, siempre que haya que ejecutarse una obra o prestar un servicio en la circunscripción territorial de los organismos del régimen seccional autónomo, corresponderá a la Función Ejecutiva a través de la respectiva entidad, coordinar con tales instituciones así como con las demás competentes en función de la materia la ejecución de tales actividades.

Art. 15.- Fortalecimiento institucional.- La Función Ejecutiva contribuirá para una efectiva y apropiada capacitación y asistencia técnica a los funcionarios y empleados de las entidades del régimen seccional autónomo, a efectos de lograr su fortalecimiento institucional.

 

Los planes y programas de capacitación serán preferentemente formulados por las entidades del régimen seccional autónomo, en coordinación con sus respectivas asociaciones nacionales, provinciales, universidades u otras organizaciones que demuestren experiencia en estas áreas. Para su ejecución se contará con los recursos que la Función Ejecutiva destine a esta actividad.

 

Para la ejecución de los indicados planes y programas de capacitación se contará con los recursos que las dependencias y unidades administrativas dedican a las finalidades de capacitación y asistencia técnica a las que se refiere este artículo y los que se destinen en el futuro para tales actividades, así como, con los que provengan de créditos externos e internos, reembolsables o no reembolsables, de origen nacional o extranjero, en los términos que establezcan los convenios de los préstamos respectivos.

Art. 16.- Apoyo al régimen seccional autónomo.- El Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, a través de sus órganos respectivos, proporcionará asistencia técnica a los municipios, consejos provinciales y demás entidades del sector público que así lo requieran.

 

En ningún caso el CONADE ni organismo alguno del mismo, emitirá dictámenes, informes, calificaciones, restricciones o aprobaciones respecto de los proyectos, planes y demás actividades de las entidades del régimen seccional autónomo.

 

Igual prohibición regirá respecto de las entidades del sector público, así como para las organizaciones empresariales, laborales, sociales, universidades y escuelas politécnicas.

 

Todo requerimiento del CONADE a través de sus organismos será para fines eminentemente informativos.

 

Nota:

Por disposición del Art. 255 de la Constitución Política vigente, el Sistema Nacional de Planificación estará a cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República, por lo que desaparece el CONADE. Hasta que se expida su ley regulatoria, y en virtud de lo dispuesto por la trigésima novena disposición transitoria de la Constitución, ha sido creada la Oficina de Planificación (D.E. 120, R.O. 27, 16-IX-98).

Art. 17.- Gestión subsidiaria.- La Función Ejecutiva podrá, sin necesidad de convenio, suplir la prestación de un servicio o la ejecución de un proyecto u obra siempre y cuando se demostrase su grave y sustancial deficiencia, paralización o indebida utilización de los recursos asignados para esos fines por parte de un municipio o consejo provincial.

 

Esta gestión subsidiaria se practicará con la expedición del respectivo decreto ejecutivo, a pedido del Comité Permanente de Desarrollo Provincial y no podrá durar más tiempo que el indispensable para normalizar la gestión municipal o provincial o para corregir las desviaciones detectadas.

Art. 18.- Canalización de recursos externos.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la presente Ley, el Presidente de la República destinará los recursos de origen externo de cooperación internacional, en apoyo al ejercicio de las atribuciones y funciones de las entidades del régimen seccional autónomo y de las zonas de menor desarrollo.

Art. 19.- Políticas y lineamientos nacionales.- Las políticas y lineamientos generales que fija el Presidente de la República en lo concerniente a los sectores de la educación, salud, bienestar social, vivienda, medio ambiente, vialidad, turismo y otros, deberán observar obligatoriamente los gobiernos seccionales autónomos y las personas jurídicas creadas por Ley para la prestación de los servicios públicos descentralizados.

Art. 20.- Canalización de los planteamientos seccionales.- Los gobernadores de las respectivas provincias, darán especial atención a la canalización de los requerimientos de los municipios y del respectivo consejo provincial en materia de descentralización administrativa y financiera.

 

La canalización antes dicha comprenderá la gestión personal y diligente ante el Presidente de la República o el respectivo ministro de Estado.

 

Capítulo III

DEL COMITÉ PERMANENTE DE DESARROLLO PROVINCIAL

Art. 21.- Creación.- Créase en cada provincia un Comité Permanente de Desarrollo Provincial, como un órgano orientador y coordinador del desarrollo provincial, de conformación representativa del régimen seccional autónomo y del dependiente, así como de los sectores campesino, productivo y académico.

Art. 22.- Constitución.- El Comité Permanente de Desarrollo Provincial estará constituido, excepto en la provincia de Galápagos, de la siguiente manera:

 

a) El Prefecto Provincial;

 

b) Tres Alcaldes en funciones, elegidos de la respectiva asociación municipal provincial en aquellas provincias que tengan hasta diez cantones, incrementándose por cada cinco municipios un representante adicional;

 

c) El Gobernador de la provincia;

 

d) Dos representantes elegidos por las cámaras de la producción de la provincia;

 

e) Un representante elegido por las universidades y escuelas politécnicas de la provincia o sus extensiones;

 

f) Un representante elegido por las organizaciones campesinas de la provincia;

 

g) Un representante elegido por los medios de comunicación social;

 

h) Un representante de los colegios de profesionales de la provincia; e,

 

i) Un representante de los organismos de desarrollo regional.

 

Los representantes del régimen seccional autónomo y el gobernador de la provincia conformarán el Comité durante el tiempo en que ostenten las calidades respectivas. Los demás durarán dos años en el ejercicio de su representación, pudiendo ser reelegidos.

 

La designación de los representantes señalados en las letras d), e), f), g), h) e i), se sujetarán a lo previsto en el Reglamento a la presente Ley.

 

El Comité Permanente de Desarrollo Provincial será presidido por quien sea designado mediante votación de la mayoría absoluta de sus miembros en la primera sesión del Comité, que será convocada por el Prefecto Provincial.

Art. 23.- Funciones.- Corresponde al Comité Permanente de Desarrollo Provincial:

 

a) Coordinar las acciones entre los gobiernos seccionales, como también entre las entidades, organismos, dependencias del Estado, y entre las personas jurídicas creadas por Ley para la prestación de servicios públicos descentralizados;

 

b) Orientar el desarrollo provincial a través de los lineamientos generales a seguirse por parte de las entidades respectivas;

 

c) Coordinar con la Función Ejecutiva, a través de sus representantes en la provincia y a nivel nacional, dentro del ámbito de sus atribuciones, las actividades relacionadas con el desarrollo de la provincia; y,

 

d) Las demás que se le asignen en función de Ley.

Art. 24.- Áreas de inversión.- Los planes de inversión de la provincia deberán referirse a áreas de trabajo prioritarias, que serán determinadas por cada una de las entidades respectivas tomando en cuenta las orientaciones del Comité Permanente de Desarrollo Provincial.

 

El Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, ni organismo alguno del mismo, tendrán atribución para condicionar, limitar, suspender, ni oponerse en forma alguna, total ni parcialmente, a la formulación, programación, ejecución y evaluación de los planes de inversión de las entidades del régimen seccional autónomo y de las demás instituciones con ámbito de actividad provincial.

 

Nota:

Por disposición del Art. 255 de la Constitución Política vigente, el Sistema Nacional de Planificación estará a cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República, por lo que desaparece el CONADE. Hasta que se expida su ley regulatoria, y en virtud de lo dispuesto por la trigésima novena disposición transitoria de la Constitución, ha sido creada la Oficina de Planificación (D.E. 120, R.O. 27, 16-IX-98).

Art. 25.- Funcionamiento.- El Comité Permanente de Desarrollo Provincial para su funcionamiento dictará el correspondiente orgánico-funcional.

 

Su desenvolvimiento se financiará con los aportes de las instituciones que lo conforman, así como con los que se obtengan por la gestión de su presidente.

 

Capítulo IV

DE LA DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES

Art. 26.- Desconcentración de funciones.- Además de las transferencias previstas en la presente Ley, es obligación de cada entidad y organismo del sector público, sin perjuicio de lo que dispongan sus leyes constitutivas o las que rijan sus actividades, establecer e implementar programas permanentes de desconcentración de funciones y recursos, en los términos previstos en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada y su reglamento.

 

El delegado será personalmente responsable por sus acciones y omisiones en el cumplimiento de la delegación.

 

Las autoridades responsables de la formulación y ejecución de los respectivos programas de desconcentración, informarán al Consejo Nacional de Modernización, CONAM, sobre el particular.

Art. 27.- Programas de desconcentración.- Los programas de desconcentración previstos en el artículo anterior contemplarán el fortalecimiento de los órganos regionales respectivos a través de la reorganización de la entidad; la redistribución de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de origen nacional y extranjero; la capacitación del recurso humano; la normatividad que permita aplicar la desconcentración y, el plazo para el cumplimiento integral del programa respectivo.

Art. 28.- Competencia directa de los órganos desconcentrados.- Los subsecretarios regionales o jefes provinciales, o su equivalente con la misma competencia, de los diferentes Ministerios, entidades y órganos de la Función Ejecutiva tendrán competencia para:

 

a) Ejecutar íntegramente los procesos previstos en la Ley de Contratación Pública;

 

b) Celebrar todo tipo de contratos en el ámbito de su competencia;

 

c) Aprobar las planillas para el pago de los correspondientes contratos y demás compromisos legítimamente adquiridos, y disponer directamente de los fondos públicos previstos en las correspondientes partidas presupuestarias para el pago directo e inmediato de las planillas y compromisos respectivos; y,

 

d) Nombrar y posesionar a todos los funcionarios y empleados que deban actuar bajo su dependencia.

Art. 29.- De la Contraloría y Procuraduría General del Estado.- Las funciones que por Ley corresponden a la Contraloría y Procuraduría General del Estado, serán ejercidas por sus delegaciones u oficinas regionales o provinciales.

 

Para los fines previstos en el inciso anterior, el Contralor y el Procurador General del Estado crearán delegaciones u oficinas regionales o provinciales donde no las haya, en función de los requerimientos de la respectiva localidad.

 

Los informes, dictámenes, asesorías y las resoluciones que por Ley corresponda emitir a la Contraloría y Procuraduría General del Estado, a solicitud de parte interesada, serán emitidos desde esas oficinas con los mismos efectos jurídicos como si fuesen dictados o proporcionados desde la sede provincial de dichos organismos.

Art. 30.- De los registros.- Los Ministerios y demás organismos del Estado, así como las entidades del sector público que por razón de su competencia administrativa tengan bajo su responsabilidad el mantenimiento de cualquier clase de registro necesario para la validez o eficacia de actos o contratos, están obligados a partir de la promulgación de esta Ley en el Registro Oficial, a establecer mecanismos por medio de los cuales las inscripciones en tales registros se puedan efectuar sin afectar su validez en las oficinas que dichas entidades u organismos deban tener en las diferentes provincias del País.

Art. 31.- Información presupuestaria.- La Función Ejecutiva por medio del Ministro de Finanzas y Crédito Público informará documentadamente dentro de los primeros noventa días de cada año al Congreso Nacional sobre la liquidación presupuestaria cortada al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, desglosada por provincias y sectores. Copias de tales informes serán remitidos a los municipios y consejos provinciales, hasta el 15 de abril de cada año.

 

Para efectos de la liquidación presupuestaria, tratándose de gastos corrientes se considerará el lugar donde cumple sus funciones el empleado o funcionario que recibe su remuneración o retribución económica.

 

Tratándose de obras públicas se tomará en cuenta los egresos efectuados por la obra física ejecutada en cada una de las provincias.

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo causará la destitución del Ministro de Finanzas y Crédito Público.

 

Nota:

Por la  estructura ministerial establecida en el Art. 16 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público es actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas.

Art. 32.- Creación y apoyo a órganos desconcentrados.- Establécese la obligación de las entidades y organismos del sector público de instituir órganos regionales, provinciales o cantonales, para atender las necesidades de la respectiva localidad.

 

Las entidades y órganos que conforman la Función Ejecutiva prestarán especial colaboración y apoyo a los órganos desconcentrados, aunque no pertenezcan a la misma institución u órgano.

 

Los órganos desconcentrados deben apoyarse en todo lo que sea menester para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

Art. 33.- Fortalecimiento de los organismos regionales de desarrollo.- La Función Ejecutiva a través de los respectivos ministerios de Estado fortalecerá los organismos regionales de desarrollo mediante la delegación de funciones. La delegación comprenderá la simultánea transferencia de recursos para el cumplimiento de la delegación.

 

Lo establecido en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las funciones que por sus leyes constitutivas correspondan a los respectivos organismos regionales.

Art. 34.- Inversión de recursos del sector público e información.- Las inversiones, colocación de recursos y compraventa de activos financieros de todo origen, a través del mercado financiero y de valores, deberán efectuarse equitativamente por región, de manera que el 50% de dichas operaciones se dirija a la sierra y oriente y el otro 50% se destine a la región costa e insular.

 

La compraventa de activos financieros que realicen las entidades del sector público en ambas regiones deberán realizarse en partes iguales, en cuanto a porcentaje de participación, al monto efectivo, monto ajustado por plazo, plazo de negociaciones y al tiempo en el que ocurran, de manera que se realicen simultáneamente en las dos regiones antes mencionadas.

 

El volumen de dichos recursos que las entidades del sector público administren y el impacto de ellos en el sector productivo, los plazos, montos de tales inversiones, colocación de recursos y compraventa de activos financieros serán reportados mensualmente por las instituciones participantes en el mercado financiero y de valores a sus respectivos organismos de control dentro de los primeros tres (3) días laborables de cada mes.

 

Las entidades del sector público reportarán mensualmente al Banco Central del Ecuador los plazos, montos de inversión, colocación de recursos y compraventa de activos financieros.

 

Un resumen por región de estos reportes será publicado durante los diez (10) primeros días calendario de cada mes por las Bolsas de Valores y por el Banco Central del Ecuador. Las Bolsas de Valores publicarán un resumen de montos y plazos promedios por región de lo invertido a través de Bolsas. El Banco Central del Ecuador publicará los totales en montos y plazo promedios por región.

Art. 35.- De las sanciones.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Capítulo causará la destitución del representante legal o del principal de la institución respectiva.

 

Capítulo V

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Art. 36.- Formas de participación local y comunitaria.- Sin perjuicio de otras formas de participación reconocidas en la Constitución Política y las leyes de la República, los alcaldes, prefectos provinciales y organismos de desarrollo regional, con la finalidad de lograr el desarrollo de la comunidad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las respectivas circunscripciones, promoverán e impulsarán la participación social e iniciativa popular a través de las siguientes entidades sociales territoriales:

 

a) Comités Barriales;

 

b) Federaciones Barriales; y,

 

c) Juntas Parroquiales.

Art. 37.- De los comités barriales.- Son organizaciones con personería jurídica. Su ámbito de acción estará delimitado físicamente por el concejo municipal dentro del territorio de su circunscripción parroquial. Su desenvolvimiento administrativo se sujetará a lo dispuesto en sus estatutos y reglamentos. Corresponde a los comités barriales:

 

a) Identificar, priorizar y cooperar en la planificación y ejecución de las obras de interés barrial;

 

b) Cuidar por el eficaz funcionamiento, mantenimiento, conservación y el más adecuado aprovechamiento de las obras y servicios públicos barriales;

 

c) Coparticipar en la evaluación de las obras y proyectos que beneficien al barrio;

 

d) Velar por la correcta, oportuna y eficiente ejecución de las obras públicas que se desarrollen en el barrio;

 

e) Impulsar modalidades de cogestión para el desarrollo de la comunidad barrial;

 

f) Informar periódicamente a su comunidad sobre las acciones que desarrollen en su representación;

 

g) Promocionar y fomentar la autogestión comunitaria enfocada a proyectos económicos productivos como los de servicio, comercialización, consumo y al trabajo comunitario, a través de mingas y otros; y,

 

h) Las demás que le atribuya la Ley.

 

En cada barrio se reconocerá una sola representación. En caso de que surja más de un comité barrial, la junta parroquial dirimirá sobre la legitimidad del comité e informará al municipio respectivo.

Art. 38.- De las federaciones barriales.- Son asociaciones de derecho privado sin fines de lucro, con personería jurídica, integradas por los representantes de los comités barriales. Su desenvolvimiento administrativo se sujetará a lo dispuesto en sus estatutos y reglamentos.

 

Las federaciones barriales cumplirán gestiones de apoyo y coordinación entre los comités barriales que las componen. Las federaciones barriales cumplirán gestiones ante las entidades estatales, seccionales y privadas que fueren del caso, a efectos de apoyar las iniciativas de los comités barriales respectivos.

Art. 39.- (Sustituido por el Art. 23 de la Ley 2000-1, R.O. 20-S, 18-II-2000).- En cada parroquia rural habrá una Junta Parroquial integrada por cinco miembros principales y sus respectivos suplentes, elegidos por los ciudadanos con domicilio electoral en la respectiva jurisdicción parroquial, mediante votación popular y directa, en la forma y época que se establezca en la Ley de Elecciones.

 

Todas las organizaciones políticas y candidatos independientes en la presentación e inscripción de candidaturas presentará, al menos, una candidata mujer como principal y una candidata como suplente.

 

Los miembros de las Juntas Parroquiales durarán en sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.

 

De su seno se elegirá a un Presidente, quien durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelecto.

Art. ... .- (Agregado por el Art. 24 de la Ley 2000-1, R.O. 20-S, 18-II-2000).- Las Juntas Parroquiales Rurales se integrarán con, por los menos, el treinta por ciento (30%) de mujeres como principales y el treinta por ciento (30%) como suplentes.

Art. 40.- Atribuciones de las juntas parroquiales.- Corresponden a las juntas parroquiales las siguientes atribuciones:

 

a) Plantear al municipio, luego de receptar las propuestas de los comités o federaciones barriales, las obras y proyectos de trascendencia para la parroquia, con la finalidad de que sean incluidos, de acuerdo a su prioridad, en el Plan de Desarrollo Municipal.

 

Las solicitudes para la realización de obras o la prestación de servicios en la parroquia podrán ser canalizadas a través de las juntas parroquiales, las que describirán el proyecto u obra y proporcionarán al municipio los datos básicos para su estudio y posterior ejecución;

 

b) Designar de entre sus miembros, comités de gestión y vigilancia encargados de evaluar la eficiencia, oportunidad y calidad de las obras y servicios en ejecución o a ejecutarse en la respectiva parroquia;

 

c) Formular sugerencias respecto de los programas de obras, de la respectiva administración municipal o provincial, según el caso;

 

d) Evaluar el cumplimiento de las obras que se ejecuten en la parroquia, en función del cronograma de ejecución respectivo y formular las propuestas del caso para su finalización;

 

e) Informar periódicamente a su comunidad sobre las acciones que desarrollen en su representación;

 

f) Plantear reclamos y solicitudes ante los órganos de la administración respectiva, a nombre de la parroquia, sobre cuestiones de interés de la comunidad los cuales deberán tener respuesta en el plazo de 15 días;

 

g) Sesionar ordinariamente cada quince días y extraordinariamente cuando lo convoque el presidente o las dos terceras partes de sus miembros, para tratar asuntos considerados de prioridad;

 

h) Presentar proyectos de ordenanzas a los municipios respectivos; e,

 

i) Las demás que le asignen en las respectivas ordenanzas municipales.

 

Las juntas parroquiales tendrán personería jurídica.

Art. 41.- De las asambleas.- Las asambleas barrial y parroquial se constituyen en el órgano resolutivo superior a las asociaciones y federaciones barriales y estarán conformadas por los vecinos del barrio o parroquia, según los casos. Se reunirán ordinaria y extraordinariamente.

 

Las reuniones ordinarias se celebrarán con la frecuencia que señalen sus estatutos; y, las reuniones extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las necesidades de la comunidad, y para tratar asuntos calificados de urgentes por el comité barrial o por la junta parroquial.

Art. 42.- De los pueblos indígenas y negros.- Los pueblos indígenas y negros a través de sus organizaciones tradicionales podrán:

 

a) Diseñar políticas, planes y programas de desarrollo en armonía con el Plan de Desarrollo diseñado por el Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indios y Negros, CONPLADE-IN y el elaborado por el Comité Permanente de Desarrollo Provincial;

 

Nota:

El Decreto 133 (R.O. 25, 18-III-97) que creó el Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador CONPLADE IN ha sido derogado por el Decreto No. 386 (R.O. 86, 11-XII-98) que creó el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE.

 

b) Promover las inversiones públicas en sus comunidades y asentamientos poblacionales e incentivar las empresas de economía social en las mismas;

 

c) Velar por la preservación de los recursos naturales;

 

d) Administrar y ejecutar los proyectos y obras promovidos por sus comunidades.

 

Cuando una comunidad se asiente en dos o más cantones o dos o más provincias, deberán coordinar la ejecución de sus proyectos u obras con los respectivos municipios, consejos provinciales u organismos de desarrollo regional, según el caso;

 

e) Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su comunidad de acuerdo con las instrucciones y disposiciones de las entidades competentes del Estado; y,

 

f) Representar a sus organizaciones ante los municipios, consejos provinciales y demás entidades públicas.

Art. 43.- De la consulta municipal y provincial.- Previo al cumplimiento de los requisitos y formalidades que la Ley de Elecciones señale, podrán realizarse consultas populares en parroquias, cantones o provincias convocadas por la respectiva entidad seccional, o por las juntas parroquiales sobre asuntos que interesen a los habitantes de la respectiva parroquia, cantón o provincia.

Art. 44.- Contratación comunitaria.- Los municipios y consejos provinciales procurarán contratar con las organizaciones sociales capacitadas señaladas en esta Ley, la realización de proyectos y obras de desarrollo comunitario susceptibles de ser ejecutadas por dichas organizaciones en sus respectivas circunscripciones.

Art. 45.- Desarrollo de la comunidad.- En cada municipio se conformará una Unidad de Desarrollo de la Comunidad, encargada de:

 

a) Proporcionar apoyo legal y técnico, según los requerimientos de la comunidad;

 

b) Atender a la capacitación requerida por parte de las organizaciones categorizadas en el presente Capítulo;

 

c) Promocionar y fomentar la autogestión comunitaria, con énfasis en proyectos productivos y de servicio; y,

 

d) Las demás que le asigne el respectivo concejo municipal.

Art. 46.- Ley especial.- La presente Ley tiene el carácter de especial, por consiguiente prevalecerá sobre toda otra disposición legal que se le oponga.

 

Derógase la Segunda Disposición Transitoria de la Ley publicada en el Registro Oficial No. 27 de 20 de marzo de 1997 y que suspende la ejecución de la descentralización hasta enero de 1998.

 

La presente Ley no afectará en forma alguna los derechos consagrados para el Distrito Metropolitano de Quito en la Ley No. 46, publicada en el Registro Oficial No. 345 de diciembre de 1993 y aquellos organismos contenidos en normas legales dictadas en favor de organismos de desarrollo regional.

 

DISPOSICIÓN GENERAL

Art. 47.- Única.- En el plazo de noventa días a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, cada entidad y organismo del sector público establecerá los programas de desconcentración de funciones y demás acciones previstas en el Capítulo IV de la presente Ley.

 

Los programas de desconcentración de funciones se entenderán establecidos desde que sean íntegramente ejecutables. Será responsabilidad del representante legal o del principal de cada entidad y organismo del sector público obtener las aprobaciones respectivas para la íntegra implementación del programa respectivo.

Artículo final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.